Una Estrategia Regional de Integración Socioeconómica, destinada a reducir la vulnerabilidad y maximizar la contribución de  millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los países de América Latina y el Caribe, fue lanzada por PNUD y OIT con el objetivo de facilitar su inclusión sostenible en los países de acogida.

Las dos agencias de la ONU destacaron que es necesario enfrentar “la crisis migratoria de mayor gravedad en la historia de la región”, generada a partir de 2015 cuando “más de 5.5 millones de personas tuvieron que dejar su país como resultado de la crisis económica, social y política que enfrenta Venezuela”.

“Alrededor del 85% se desplazó a otro país de América Latina y el Caribe”, explicó el documento de la Estrategia Regional titulado “Migración desde Venezuela: Oportunidades para América Latina y el Caribe ”.

“La región tiene que enfrentar nuevos retos en materia de movilidad de las personas, de acceso a los servicios básicos y de protección, de inclusión en los mercados laborales y de cohesión social”, destacaron los directores para América Latina y el Caribe del PNUD, Luis Felipe López Calva, y de la OIT, Vinícius Pinheiro.

Los dos Directores Regionales agregaron que “la Estrategia de integración socioeconómica busca responder al desafío cada vez más apremiante que representa el tema de la migración proveniente de Venezuela, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19”.

PNUD y OIT lideraron la elaboración de la estrategia con apoyo de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) y el Proceso de Quito, mecanismos regionales que promoverán su divulgación y aplicación en la región de América Latina y el Caribe.

La estrategia va dirigida a los principales países de acogida de la población refugiada y migrante, en particular a instituciones gubernamentales con algún grado de competencia en la integración socioeconómica de esta población y a las organizaciones de empleadores y trabajadores, con el ánimo de promover el diálogo social alrededor de este ámbito.

Se destacó que a diferencia de la ayuda humanitaria que busca apoyar a las personas en sus necesidades básicas, una estrategia de integración socioeconómica está orientada a hacer que sean “promotores de su propia subsistencia, al fomentar su inclusión sostenible en las comunidades de acogida y su contribución a las economías locales”.

“En numerosas ocasiones, los países de destino ven a las personas refugiadas y migrantes como una carga que afecta la prestación de servicios públicos y la balanza fiscal nacional y local. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que las personas migrantes, incluidas las refugiadas, también contribuyen con el desarrollo de los países de acogida”, dice el documento de PNUD y OIT.

“Convertir a la migración en un factor de desarrollo sostenible requiere que las autoridades públicas, tanto en el nivel local como nacional, promuevan la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante”.

La estrategia plantea siete ejes prioritarios: (i) regularización y caracterización de la población proveniente de Venezuela; (ii) formación profesional y reconocimiento de títulos y competencias; (iii) promoción de empleo; (iv) emprendimiento y desarrollo empresarial; (v) inclusión financiera; (vi) acceso a la protección social; y (vii) cohesión social.

El documento de la Estrategia destaca que “para la implementación exitosa de los siete ejes anteriormente expuestos, es clave que los países de la región logren reforzar los mecanismos de cooperación y adopten políticas regionales” en áreas como movilidad humana y regularización, reconocimiento mutuo de títulos y competencias, intermediación laboral y protección social.

Uno de los objetivos principales de la estrategias es generar oportunidades de trabajo decente. El documento destaca que “la mayoría de las personas migrantes y refugiadas venezolanas, sin importar su nivel educativo y experiencia laboral, está trabajando dentro de la informalidad”.

“Las ocupaciones más frecuentes son: en comercios, ventas ambulantes, servicio al cliente, restaurantes y en la construcción; un número mayoritario de mujeres queda relegado al trabajo doméstico y de cuidados remunerados”.

Durante el lanzamiento se dieron a conocer dos “proyectos piloto” que se ejecutarán en Guyana y en Colombia, con los que se iniciará la ejecución de la Estrategia Regional.

En el acto de lanzamiento participaron Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos y Vitaliano Gallardo, Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que tiene la Presidencia Pro-Témpore del Proceso de Quito.

Asimismo el acto incluyó la participación de Felipe Muñoz, Jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de Juliana Manrique Sierra, Directora Laboral de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, en representación de la Organización Internacional de Empleadores (OIE).

Por los países que inaugurarán la implementación de la estrategia participaron Joseph Hamilton, Ministro de Trabajo de Guyana, y Lucas Gómez, Gerente de Fronteras de la Presidencia de Colombia.

 

 

 

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