En un año marcado por retos sin precedentes, exacerbados por la pandemia, el proceso constitucional ha abierto una oportunidad de oro para atender las demandas de los ciudadanos y construir una nueva relación con la política y las instituciones del Estado. Foto: Pedro Bell

Hace unos días se llevó a cabo en Chile un plebiscito histórico para decidir si el país debía elaborar una nueva Constitución Política y también sobre el mecanismo para generarla. Las alternativas en juego eran una Convención Constitucional, totalmente electa por la ciudadanía, con paridad de género, o una Convención Mixta integrada en un 50 por ciento por los actuales miembros del Congreso y en el otro 50 por ciento por ciudadanos electos para la ocasión. Este fue el primer referéndum nacional desde que se inició la transición a la democracia en 1989.

El plebiscito - originalmente programado para el 26 de abril de 2020 y pospuesto debido a la pandemia de la COVID-19 - se realizó de manera ordenada, con resultados definitivos anunciados sólo unas pocas horas después de que se cerraron las urnas, aceptados por todos los actores políticos, y celebrados pacíficamente a través del país.

La opción “Apruebo” para redactar una nueva Constitución ganó por una mayoría abrumadora, obteniendo el 78 por ciento de la votación, mientras que la opción “Convención Constitucional” se llevó un poco más del 79 por ciento de las preferencias. El formato de la Convención requiere asegurar la paridad de género en la asignación de escaños, utilizando un mecanismo electoral innovador, que convertirá a Chile en el primer país en el mundo con una constitución redactada por igual número de mujeres y hombres. Aún está en discusión en el parlamento la posibilidad de lograr un acuerdo para que se aseguren escaños reservados para los pueblos indígenas.

La apertura de este proceso participativo fue el resultado de un acuerdo histórico entre los políticos partidos con representación en el Congreso y posteriormente puesto en marcha por el presidente de la República, como una respuesta institucional tras la crisis política y social después de las masivas protestas que comenzaron a finales de 2019. La redacción de una nueva Constitución fue una de las demandas planteadas por la ciudadanía, junto a otras que reclamaban una mayor igualdad social y económica.

El proceso constituyente es también entendido como un medio para introducir cambios estructurales en el país. La constitución actual nació en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet y, a pesar de las muchas modificaciones que ha sufrido, su idoneidad ha sido cuestionada por varios sectores desde el retorno del país a la democracia.

Las encuestas previas al plebiscito predecían una amplia victoria para las opciones “apruebo” y “Convención Constitucional”. La participación electoral, crucial para la legitimidad del proceso, seguía siendo una incógnita, teniendo en cuenta que la concurrencia de votantes se había reducido drásticamente desde los años noventa y estaba por debajo de los promedios regionales y mundiales. El PNUD en Chile lleva años estudiando este fenómeno, publicando una evaluación en profundidad de la participación electoral en 2017 y un análisis más amplio de la democracia en 2020, mostrando que este declive se había convertido en una característica estructural de la democracia chilena. Esto se interpretó como una consecuencia y también como un indicador del deterioro de los mecanismos de representación y una disminución de la confianza en las instituciones.

A pesar de las tendencias de elecciones anteriores y los nuevos obstáculos planteados por la COVID-19, la participación electoral alcanzó el 50,9 por ciento de los votantes registrados. Fueron a las urnas un poco más de 7. 5 millones de chilenos y chilenas, aproximadamente 500.000 más que en la última elección presidencial en 2017, representando el número más alto de votantes registrado en una elección en la historia de Chile.

Otro aspecto positivo fue la menor brecha entre municipios y ciudades de mayores y menores ingresos, esto fue particularmente evidente en Santiago, donde la participación alcanzó el 56 por ciento, con importantes aumentos en la votación en los barrios pobres, donde la opción “Apruebo” ganó por márgenes aún mayores que en el promedio nacional.

El proceso constitucional parece haber contribuido a revertir la tendencia a la baja en la participación. Los esfuerzos renovados para aumentar la participación electoral seguirán siendo fundamentales para fortalecer la democracia representativa.

El siguiente paso en el proceso será la elección de los miembros de la Convención Constitucional en abril de 2021, junto con las elecciones municipales y de gobernadores regionales. La Convención se reunirá durante nueve meses que se pueden extender – por una sola vez – hasta tres meses más. Al final de ese período, se les pedirá a los ciudadanos votar de nuevo sobre el texto final en un referéndum constitucional con voto obligatorio. El proceso constitucional se desarrollará en paralelo al ciclo electoral más grande del país desde el retorno a la democracia, con elecciones primarias, municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales programadas hasta finales de 2021.

En un año marcado por retos sin precedentes, exacerbados por la pandemia, el proceso constitucional ha abierto una valiosa oportunidad para atender las demandas de los ciudadanos y construir una nueva relación con la política y las instituciones del Estado. Ofrece una ruta institucional para el diálogo social sobre el modelo de desarrollo, el papel del Estado en la provisión de bienes sociales y la distribución del poder en una sociedad donde la desigualdad es persistente.

El hito alcanzado con la exitosa celebración del plebiscito es una buena noticia para el país y sus ciudadanos, planteando al mismo tiempo un camino desafiante. La sociedad chilena ha dado un ejemplo al mundo al escoger vías políticas pacíficas para hacer frente a los retos nacionales y construir una nación más inclusiva y próspera.

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