Nota: Este blog forma parte de Lustig, N. & Tommasi, M. (2020). El COVID-19 y la protección social de los grupos pobres y vulnerables. UNDP. (Próximo a ser publicado)

La pandemia del Covid-19 ha puesto a los sistemas educativos de América Latina y el Caribe en una situación de crisis nunca antes vista. A lo largo y ancho de la región, las escuelas han sido cerradas (o el inicio del año escolar postergado) de modo que la mayor parte de los alumnos no están asistiendo a clases presenciales. Si bien la situación es todavía incierta, en la mayor parte de los casos ya está anunciado el cierre de escuelas hasta fines de abril. Dependiendo de cómo avance la situación sanitaria, es probable que el cierre deba extenderse en el tiempo.

Esta situación tan extendida de ‘estrés-educativo’ muy seguramente tenga impactos negativos sobre los niveles de aprendizaje, considerando que ningún país se encuentra adecuadamente preparado para masificar la educación virtual de manera que reemplace, de manera temporaria, la presencial a escala. Es especialmente preocupante el aumento en la inequidad educativa resultante ya que son los niños y niñas de hogares con menores recursos los que estarán en peores condiciones para aprovechar las limitadas oportunidades de acceder a una educación virtual. Al mismo tiempo, el cierre de las escuelas por un tiempo extendido tendrá efectos nocivos sobre la alimentación en hogares en situación de pobreza ya que las escuelas actúan como centros asistenciales a través de sus comedores. Así también, las cuarentenas en condiciones de hacinamiento pueden ser propicias para la profundización de situaciones de violencia y maltrato que afecten a los niños física y/o socioemocionalmente.

Dado este panorama, y considerando las limitaciones de capacidad existentes en la mayoría de los sistemas educativos de la región, ¿qué respuestas pueden darse para mitigar los impactos negativos del cierre de las escuelas?

Ante todo, las autoridades educativas—además de liderar los procesos para garantizar la continuidad de la educación a distancia—deben ejercer su rol ineludible de reguladores y desarrollar y comunicar de manera efectiva las directrices estratégicas para la comunidad educativa como un todo. Si bien la realidad es cambiante, las familias, alumnos y docentes necesitan saber qué se espera de ellos y cuáles son los criterios básicos sobre los cuales deben operar. Aspectos críticos como la duración del cierre y las normas sobre graduación, promoción, notas y exámenes deben ser comunicados de manera clara y transparente para evitar confusión y servir de orientación a todos los miembros de la comunidad educativa.

Es indudable que, dada la diversidad de contextos y capacidades existentes en todos los países de la región, difícilmente exista una respuesta única que haga posible la educación no presencial para todos los alumnos. Ningún país de la región tiene la conectividad, plataformas pedagógicas y experiencia práctica necesaria para garantizar que todos los niños y niñas puedan recibir la misma educación virtual en estas circunstancias. En otras palabras, resulta necesario pensar en un menú de opciones que incluya clases virtuales, el uso de aplicativos (través de teléfonos celulares y no solo a través de computadoras y tabletas) y videos, entre otros. Las plataformas desarrolladas por las autoridades educativas en Chile, Colombia, Perú o Uruguay ilustran estos enfoques múltiples a la educación virtual.

La oferta de estos servicios es amplia y muchos proveedores están abriendo sus plataformas al uso gratuito en el marco de esta emergencia. Sin embargo, las limitaciones de conectividad son muy serias y dejan con opciones reducidas a muchos hogares, no solo a aquellos en situación de pobreza. Es por lo tanto muy importante que las empresas de comunicación ofrezcan planes de excepción que permitan el acceso a paquetes de datos gratis o altamente subsidiados para el uso de carácter educativo.

Pero el obvio interés en las nuevas tecnologías no debe hacernos olvidar del rol que pueden cumplir métodos más tradicionales de educación a distancia como la televisión y la radio. Ejemplos como los de 3-2-1 Edu-Acción en Colombia o la programación de radio y TV promovida en Perú son ilustrativos de esos enfoques. Si bien los ministerios de educación tienen un rol importante en promover esos mecanismos, este es un campo en el que las empresas de televisión y radio comerciales pueden cumplir un rol proactivo.

A diferencia del sector salud que experimenta un fuerte aumento en la demanda de personal calificado, en el sector educativo la situación actual no demanda nuevo personal sino un fuerte énfasis en habilidades socioemocionales y de liderazgo. De hecho, esta crisis hace aún más clara la imperiosa necesidad de transformar la profesión docente de modelos de impartición de información a modelos de facilitación de la adquisición de competencias.

Un actor clave en los esfuerzos necesarios son los padres y otros adultos cercanos a los niños y niñas. En ellos va a recaer una parte importante de la tarea de garantizar la continuidad de los procesos educativos. Para la mayoría de ellos, esta es una tarea para la que no están preparados y que, muchas veces, deben complementar con muchas otras responsabilidades. Por eso, las propuestas de educación virtual que se hagan desde los sistemas educativos deben tener muy presente el rol de estos adultos y facilitarles la tarea lo más posible. Nuevamente, la comunicación hacia ellos debe ser fluida y clara, evitando ambigüedades y mensajes confusos. Durante la emergencia, las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que trabajan de manera regular en barrios carenciados y con poblaciones en situación de vulnerabilidad, pueden orientar sus esfuerzos al acompañamiento y apoyo a los padres como facilitadores de la continuidad en los procesos educativos, así como a los niños y niñas que más lo necesiten.

Tarde o temprano, esta emergencia va a pasar. Aun estos momentos iniciales ya nos han demostrado que debemos invertir más y mejor en modelos de enseñanza que incorporen las nuevas (y viejas) tecnologías de la comunicación y la información a los procesos educativos. En ese sentido, será esencial darle continuidad a los muchos esfuerzos en curso que las autoridades educativas están implementando en respuesta a la emergencia sanitaria.

*Esta columna fue publicada originalmente en The Dialogue.