Ciudad de Panamá, 29 de octubre de 2018 - Para muchos países en desarrollo, la extracción de minerales sigue siendo un importante motor económico con el potencial de mejorar el desarrollo humano, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando se administra adecuadamente, la minería puede crear empleos, fomentar la innovación e inversión, así como generar importantes avances en infraestructura y a largo plazo. Sin embargo, si no es adecuadamente manejada, la minería puede conducir a la degradación ambiental, desplazar a poblaciones y aumentar la desigualdad.

Un informe reciente del Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo reveló que los conflictos socioambientales en las regiones mineras han aumentado en los últimos 10 años, particularmente en América Latina. Un análisis de 167 incidentes de conflicto documentados entre 2012 y 2013 indican que la mayoría de los incidentes ocurrieron en América Latina (46%), seguida de África (24%) y de Asia (17%). Estos conflictos afectan negativamente a las comunidades cercanas a las operaciones mineras, así como al sector privado y los gobiernos. Se les impide a los gobiernos aprovechar al máximo los beneficios de desarrollo social y económico que la minería puede aportar a los países y a la región.

En muchas partes de América Latina, las comunidades están trabajando para encontrar soluciones a estos problemas mediante la realización de iniciativas de monitoreo ambiental participativo, que son procesos comunitarios de colaboración para recopilar y analizar datos, y comunicar los resultados para identificar y resolver problemas en zonas afectadas por la minería. Además, las iniciativas de monitoreo ambiental participativo proporcionan espacios que fomentan el diálogo comunitario, el compromiso, la creación de confianza, y la transparencia.

Teniendo esto en cuenta, el PNUD, en colaboración con el Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo (CIRDI, por sus siglas en inglés), realizó un estudio regional sobre Comités de Monitoreo Ambiental Participativo (CMAPs), incluyendo casos de Argentina, Bolivia, Panamá, y Perú. Los resultados preliminares del estudio regional destacan las barreras institucionales, financieras y legales para el establecimiento de los Comités; las complejidades técnicas y organizativas de la supervisión ambiental; y los múltiples propósitos de los Comités más allá del monitoreo ambiental.

Para validar y profundizar los resultados preliminares del estudio regional, del 3 al 5 de octubre de 2018 en la ciudad de Panamá, el PNUD organizó el “Taller Regional sobre gobernanza ambiental participativa para la gestión sostenible de los recursos naturales en América Latina y el Caribe, con un enfoque en CMAPs”. Este taller sirvió como un espacio para el intercambio de experiencias de los casos de los Comités incluidos en el estudio regional, así como una oportunidad para compartir buenas prácticas e identificar desafíos y brechas en común.

Temas claves discutidos durante el taller incluyeron la importancia de la formalización y la autonomía de los CMAPs, desafíos de financiamiento, así como las necesidades de capacidad técnica y la importancia de contar con espacios para el diálogo y el intercambio de las buenas prácticas de CMAPs a nivel comunitario, nacional e internacional. Durante las sesiones del taller, más de 40 participantes, incluidos representantes de CMAPs de los países de estudio de casos y expertos técnicos de ONGs desarrollaron ideas colaborativamente para mejorar la eficacia de los CMAPs y sentaron las bases para una red de apoyo profesional. La planificación de las sesiones contó con la experiencia técnica de organizaciones asociadas como CIRDI, Grupo de Diálogo Latinoamericano (GDL) y la Universidad de British Columbia (UBC).

El estudio y el taller regional se ha llevado a cabo como un componente del Programa de Gobernanza Ambiental y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales. Este programa es implementado conjuntamente por la Agencia Sueca de Protección Ambiental (SEPA, por sus siglas en inglés) y el PNUD, y es financiado por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (SIDA) para el periodo 2015-2019.