Consulta previa y diálogo con pueblos indígenas como mecanismos de construcción de paz

21-jun-2016

En América Latina existen más de 800 pueblos indígenas diferentes que representan un total cercano a los 45 millones de hombres y mujeres. Foto: PNUD Colombia

Cartagena, a 21 de junio de 2016.- El taller “Diálogo y consulta previa: los pueblos indígenas y la extracción de los recursos naturales”, que tuvo lugar en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación (AECID), fue organizado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Reunió a más de 35 representantes de pueblos indígenas, gobiernos, empresas y PNUD, así como a académicos y expertos en la materia. Se compartieron las experiencias de Argentina, Colombia, Honduras, México, Panamá y Perú, sobre procesos de diálogo y consulta previa en el contexto del uso o la extracción de recursos naturales, en particular de las industrias extractivas, en un espacio de diálogo inclusivo, intercultural y con una amplia diversidad de actores.

Se discutió sobre el avance en la implementación de los instrumentos internacionales legales disponibles para promover el cumplimiento de los derechos indígenas. Por ejemplo, de los 22 países que han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (C169), 14 son latinoamericanos y uno es del Caribe (Dominica). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), que afirma explícitamente el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), no es vinculante pero algunos países la han incorporado a sus marcos legales.

Entre algunas de las cuestiones que se pusieron de relevancia en el intercambio, cabe citar:

-en relación a estados e instituciones de gobierno: el respeto hacia el derecho a la consulta previa es imprescindible, y llevarlo a cabo de buena fe puede ayudar a prevenir conflictos; establecer marcos normativos y políticas públicas a largo plazo; fortalecer la presencia y capacidad del Estado para una gobernabilidad inclusiva de las industrias extractivas; potenciar el rol de los organismos nacionales de derechos humanos; priorizar el diálogo sobre el uso de la fuerza. La consulta previa conlleva gastos considerables y es importante contar con financiación adecuada por parte del Estado.

-en relación a pueblos indígenas: respetar el derecho de los pueblos indígenas a la información transparente, entre otros, y a su identidad cultural. Para realizar efectivamente el derecho a la consulta previa, las organizaciones indígenas deben tener acceso a asesoría técnica y apoyo operativo.

-en relación a las industrias extractivas: las industrias deben promover la participación de los pueblos indígenas en función del impacto en los derechos indígenas y el área de influencia de los proyectos extractivos.

Este intercambio se ha dado en un momento clave, tal y como afirmó Pablo Ruiz Líder Regional de Gobernabilidad y Paz del PNUD en el Centro Regional para América Latina y el Caribe, ya que se acaba de iniciar la implementación de la nueva Agenda de Desarrollo 2030 que aboga por sociedades libres de conflicto, democracias participativas, el uso sostenible de los recursos naturales y “no dejar a nadie atrás” en el desarrollo de las naciones. Cabe resaltar, además, que esta actividad responde al principio de no discriminación que recoge el Objetivo 16 de la Agenda para promover leyes y políticas no discriminatorias para el desarrollo sostenible.

Salvador Martí i Puig, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Girona, España, afirmó que “hablar de pueblos indígenas es hablar muchas veces de cuestiones relacionadas con conflicto y gestión de recursos, de agravio y de despojo”.

Según Miryam Saade de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  “Tenemos que cambiar hacia una nueva gobernanza, construir una estrategia y política de Estado a largo plazo”.

Para Mikel Berraondo, experto en derechos humanos y pueblos indígenas “El tema de consulta es un tema prioritario en la región, cada vez más países se están sumando a la priorización de la consulta. Sin embargo, no está habiendo una institucionalización de la misma y el papel del Estado está siendo diferente en cada caso”.

Se reconoció el valor agregado del PNUD en la región por su imparcialidad, integridad, amplia gama de servicios y experiencia a la hora de fomentar relaciones colaborativas entre una gran diversidad de actores, que incluyen los pueblos indígenas, gobiernos y empresas, entre otros.

CONTEXTO

El evento se enmarca en el acuerdo que firmó la Dirección Regional del PNUD para América Latina y el Caribe con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en abril de 2016.

El acuerdo tiene como objetivo llevar a cabo una serie de iniciativas de formación de profesionales del desarrollo y de intercambio de conocimiento e ideas en temas relacionados con el desarrollo humano sostenible, en los Centros de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ubicados en Guatemala, Colombia, Bolivia y Uruguay.

CONVENIO 169 OIT

Aprobado en 1989 y ratificado por 22 países: 2 de Asia y Pacífico, 1 de África, 4 de Europa y 15 países de la región América Latina y el Caribe: Venezuela (2002), Perú (1994), Paraguay (1993), Nicaragua (2010), México (1990), Honduras (1995), Guatemala (1996), Ecuador (1998), Costa Rica (1993), Colombia (1991), Chile (2008), Brasil (2002), Bolivia (1991), Argentina (2000) y Dominica (2002). Pendientes: todo el Caribe, Uruguay, El Salvador, y Panamá. El C169 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y los recursos naturales que tradicionalmente han ocupado.

Información de contacto

PNUD: Nuria López, Especialista de Comunicación para Gobernabilidad y consolidación de la paz. Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, nuria.lopez@undp.org. Síganos en: Twitter regional y Facebook. Material fotográfico en Flickr.

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