Un socio para la paz y la democracia: los jóvenes | Gerardo Carballo

18 oct 2017

  El 26% de la población de América Latina y el Caribe son jóvenes de entre 15 y 29 años. Foto: PNUD Honduras

El 26% de la población de América Latina y el Caribe son jóvenes de entre 15 y 29 años. Entender el contexto en el que viven, sus habilidades, sueños y los obstáculos a los que se enfrentan es esencial para que este capital social repercuta positivamente en la gobernabilidad democrática de la región. Desestimar el potencial de los jóvenes supone desperdiciar la oportunidad de incorporarlos como agentes críticos de cambio.

Pero, ¿cuál es la relación existente entre la gobernabilidad democrática y los jóvenes de la región? ¿Qué desafíos y oportunidades configuran este escenario?

En un contexto donde la violencia está arraigada y la inseguridad es identificada como uno de los principales temas de preocupación de la población, a la juventud latinoamericana se le atribuye comúnmente el rol de víctima o victimario de esta violencia, estigmatizando su posición y caricaturizando sus aportes a la sociedad. Es vital modificar la imagen que asocia a los jóvenes con el delito, la irresponsabilidad o la inclinación a la rebeldía para relegitimar su papel en la sociedad.

La representación política de los jóvenes es uno de los grandes desafíos a los que hay que hacer frente: solo 15 de los 28 países que conforman la región han incorporado a figuras parlamentarias de edad inferior a los 40 años. Integrar la participación juvenil a lo largo de todo el ciclo electoral y en los mecanismos de gobernabilidad nacional y local es una cuestión clave para que las iniciativas juveniles se vinculen transversalmente a políticas nacionales y a planes de desarrollo local.

Por otro lado, la mayoría de las políticas públicas se han dirigido a los jóvenes como un grupo de riesgo o sujetos de derechos y no como actores estratégicos de desarrollo, obviando que articulan sus propias normas y miradas en torno a la realidad social, impidiendo apoyar de forma efectiva su participación a todos los niveles, incorporando así sus propios intereses y expectativas, trabajando por y para ellos y reconociendo sus aportes al desarrollo sostenible.

Una de las herramientas que puede ofrecernos una perspectiva más amplia sobre los aportes que realizan los jóvenes es la Resolución 2250, aprobada en diciembre de 2015 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que reafirma el rol de los jóvenes en la prevención y solución de conflictos y consolidación de la paz independientemente del lugar en el que vivan, y hace recomendaciones a los países miembros para que incorporen de manera efectiva a los jóvenes.

Meses atrás celebramos en Ciudad de Panamá la Consulta Regional Juventud, Paz y Seguridad: voces de la juventud en América Latina y el Caribe, fruto de un esfuerzo compartido entre UNFPA, ONU Mujeres, ONU Voluntarios, ACNUR, UNESCO, OIJ, OEA y PNUD. Gracias a esta convocatoria que recibió más de 1000 candidaturas, y en donde participaron más de 60 jóvenes con perfiles y condiciones muy diversas procedentes de 32 países de la región. Los jóvenes expresaron su deseo de articular alianzas y configurar espacios de esta naturaleza con mayor frecuencia, señalando a la Resolución 2250 como un instrumento fundamental para el empoderamiento juvenil. En este sentido, desde el Programa de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe estamos trabajando para impulsar las recomendaciones expresadas por los jóvenes para seguir fortaleciendo su incidencia, mejorando las capacidades de las organizaciones juveniles y promoviendo una participación juvenil inclusiva e intersectorial para afrontar las diferentes expresiones de estigma y discriminación y apoyando metodologías innovadoras de participación juvenil que generen cambios sociales.

Si queremos lograr la Agenda 2030 y no dejar nadie atrás debemos poner a los jóvenes por delante:  su inclusión y participación como aliados fortalece la cohesión social y renueva nuestras democracias.

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