Prevenir la conflictividad social es apostar por el desarrollo sostenible | Gastón Aín

19 may 2016

 Tratar de manera constructiva los conflictos sociales, prevenir y resolverlos de un modo pacífico son elementos esenciales para una nueva generación de políticas en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Foto: PNUD El Salvador

La nueva Agenda 2013 para el Desarrollo Sostenible incorpora en su objetivo 16 el enorme desafío de promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitando el acceso a la justicia y creando instituciones responsables a todos los niveles.

Este objetivo 16 está definitivamente inspirado en el concepto de infraestructuras para la paz (I4P) formulado por primera vez por el ex Secretario General de la ONU Kofi Annan en el año 2006: "En esencia, el objetivo debe ser la creación de una infraestructura nacional sostenible para la paz que permita a las sociedades y sus gobiernos resolver los conflictos internamente y con sus propias habilidades, instituciones y recursos".

Las infraestructuras para la paz han sido definidas como redes dinámicas interdependientes de estructuras, mecanismos, recursos, valores y habilidades que, a través del diálogo y la consulta, contribuyen a la prevención de conflictos y a la consolidación de la paz en una sociedad. Un ejemplo de las mismas son los sistemas de alerta y respuesta temprana (SART). Los SART son mecanismos de prevención y atención de conflictos que se enfocan en la recolección sistemática (cuantitativa o cualitativa), procesamiento y análisis de información de situaciones de conflicto cuyo propósito es alertar a los decisores políticos para tomar medidas o acciones que eviten el surgimiento o escalada de un conflicto.

En la región de América Latina y el Caribe, las demandas que canalizan los conflictos combinan reclamos por el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas al autogobierno y al territorio, protestas por el acceso a servicios básicos, exigencias de mejoras salariales y resistencia a la explotación de recursos naturales. La fragmentación y heterogeneidad de los movimientos y organizaciones sociales en nuestra región se ha profundizado durante la última década y hoy el mapa de conflictividad muestra conflictos en donde convergen sindicatos, trabajadores informales, pueblos indígenas, campesinos, grupos étnicos, mujeres, jóvenes, grupos ecologistas, trabajadores precarizados y organizaciones no gubernamentales que defienden sus visiones e intereses sectoriales.

Es en este contexto que el PNUD y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han elaborado una Guía Práctica para el Diseño de Sistemas de Alerta y Respuesta Temprana de Conflictos Sociales - la cual fue lanzada en Washington, DC por Jessica Faieta, Directora Regional del PNUD para América Latina, y Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

La Guía ofrece una secuencia lógica y detallada sobre los pasos esenciales para poner en funcionamiento estos sistemas de alerta temprana a nivel nacional, regional o local subrayando en todo momento que cada sistema debe concebirse y desarrollarse en base a las necesidades y realidades de cada contexto. Esta Guía no ofrece formulas exactas ni presenta modelos cerrados, más bien resalta aspectos importantes a ser considerados en la concepción, desarrollo y puesta en funcionamiento de sistemas de esta naturaleza.

Para ello se parte de la premisa de que los sistemas de alerta pueden ser herramientas útiles para anticipar el surgimiento de controversias o conflictos y su respectivo tratamiento y abordaje de manera pacífica, constructiva y sostenible. La Guía intenta recoger conceptualmente muchas de las experiencias que han tenido lugar estos años en la región en materia de prevención y alerta temprana como Perú, Costa Rica, Guatemala u Honduras.

La decisión de desarrollar este y otros instrumentos, como la Guía Práctica de Diálogo, responde a la necesidad de satisfacer inquietudes de gobiernos, organizaciones sociales y académicas de América Latina y el Caribe bajo el entendimiento de que es preciso producir, divulgar y, sobre todo, utilizar herramientas prácticas, útiles y de fácil comprensión para la prevención, manejo y resolución de posibles conflictos sociales. Esto contribuirá a su vez al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, del respeto por los derechos humanos y del estado de derecho.

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