Mientras el mundo se compromete a proteger el medio ambiente, los activistas indígenas están siendo atacados | Laurence Klein

16 may 2016

 Históricamente los indígenas han asumido un rol importante en el manejo sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas. Foto: PNUD Venezuela

La lideresa indígena Berta Cáceres fue la principal promotora de una campaña contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Honduras. En 2015, su trabajo le ganó el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para defensores del medio ambiente. El 3 de marzo 2016 su compromiso con su pueblo y el medio ambiente probablemente le costó la vida.

En su reciente informe titulado “¿Cuántos más?” (2015), Global Witness analiza 116 asesinatos cometidos contra ambientalistas en 2014 y afirma que tres cuartas partes tuvieron lugar en América Latina. El informe precisa que Honduras es el país más peligroso por habitante para los activistas ambientales con 101 asesinatos ocurridos entre 2010 y 2014.

Igualmente inquietante es que el porcentaje de victimas indígenas como Berta subió en el 2015 al 40%. Entre las ocupaciones más letales estaban la lucha contra la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria.

Estos números ilustran una grave paradoja. 177 países acaban de firmar el Acuerdo sobre el Clima de París en el que se comprometen a reducir las emisiones de carbono y frenar el cambio climático. Aun así, aquellas personas que están al frente de la lucha para proteger el medio ambiente están muriendo asesinadas casi a diario.

Esta contradicción se da porque el número de países en América Latina y el Caribe que dependen de los recursos naturales para su desarrollo económico y social es cada vez mayor. Y esta tendencia está teniendo un impacto negativo en los pueblos indígenas que suelen habitar zonas con importantes reservas naturales y tiene relación directa con el notable aumento de la conflictividad social en la región. Podemos decir de hecho que los derechos a la tierra y a la libre determinación son las dos cuestiones que están en la base de la mayoría de los conflictos que afectan a los pueblos indígenas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) establece que “los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos”. A pesar de eso, se siguen otorgando concesiones sobre tierras indígenas a empresas extractivas sin llevar a cabo consultas previas de buena fe que buscan el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados.

El tema elegido para la 15ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para la Cuestiones Indígenas “Conflictos, paz y resolución” no podría ser más actual e inspirador. Actual porque se acaba de aprobar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en la cual los estados se comprometen a “no dejar a nadie atrás”, incluyendo a los pueblos indígenas, y a promover “sociedades pacíficas, justas e inclusivas”. E inspirador, por el anhelo de los pueblos indígenas de vivir en paz con la sociedad y el medio ambiente en medio de grandes peligros que atentan contra sus vidas y sus medios de supervivencia.

El asesinato de Berta Cáceres forma parte de una reciente serie de actos brutales cometidos contra líderes indígenas que luchan por los derechos de sus pueblos. Para contribuir a la prevención de conflictos que surgen de la lucha por los precisos recursos naturales, el PNUD facilita el diálogo y espacios para la participación significativa de los pueblos indígenas en procesos de toma de decisión que les conciernen.

En Perú por ejemplo, el PNUD ha apoyado a la Comisión Multi-Sectorial para el Desarrollo de Loreto, asegurándose de la participación de los líderes y asesores indígenas en las reuniones de la Comisión. Loreto es un gran territorio situado en la región de la Amazonia ocupado tradicionalmente por los pueblos indígenas, donde 40 años de extracción de petróleo ha producido una polución potencialmente mortal, con los pueblos indígenas sobrellevando los costos fundamentales sociales y de salud. Esto ha provocado el aumento en protestas, movilizaciones y conflictos sociales en años recientes. Las demandas de los pueblos indígenas incluyen el saneamiento adecuado de sus territorios, los títulos territoriales, la compensación y la consulta en caso de futuras actividades de extracción de petróleo.

Como hemos visto, la buena administración ambiental ocupa tanto la agenda global como la agenda indígena. Históricamente, los pueblos indígenas han asumido un rol importante en el manejo sostenible de los recursos naturales y ecosistemas. Sin duda ninguna, esto no obstaculiza el desarrollo, sino que lo garantiza.

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